El déficit público se registra a la baja y se sitúa en el 1,9% del PIB desde noviembre | Economía

Las turbulencias no han acabado, pero las principales magnitudes económicas ya han recobrado o van de camino a recuperar los niveles de prepandemia. El deficit de las Administraciones publicas, es decir la diferencia entre lo que ingresan y lo que se gastan, es una de ellas. En 2022 se producirá un descenso a una tasa superior a la esperada, y será del 1,9% del PIB en noviembre, según los últimos datos disponibles publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda. Este resultado es un 60% inferior al registro de los primeros 11 meses del año anterior, y anticipa un mejor año para el proyecto en las previsiones oficiales (5%). Aun así, supone un agujero de 25.832 millones de euros, más los menos dos meses de nomina de las pensiones o la recaudación anual por el impuesto de sociedades.

Habrá que esperar los datos de diciembre para saber cuánto se han alejado de la realidad los pronósticos, tanto del Gobierno como de los organismos internacionales y casas de análisis. Todo ello a sabiendas de que el último mes del año suele tener un impacto considerable en la contabilidad pública de ingresos y gastos, presionando alza.

El déficit público desapareció en 2020 como consecuencia del aumento de la presión del gas que provocó la crisis sanitaria, que se tradujo en la pérdida de recursos —menos intensa— provocada por el parón de la actividad. Los números rojos alcanzaron el 11% del PIB, una de las pequeñas marcas de la historia democrática de España y de toda la UE. La bajada al año siguiente fue igual de repentina que la subida: en 2021, las Administraciones públicas lograron la mayor reducción del déficit de la historia, de 3,3 puntos del PIB, hasta situarlo en el 6,76%, inferior al objetivo comprometido con Bruselas (8,4 %).

La información pública no incluye las cantidades de las corporaciones locales, que sin embargo tienen un impacto reducido sobre el conjunto. La Administración central acapara la casi totalidad del agujero, con un defase del 1.8% en sus cuentas; las comunidades autónomas también registran números rojos, del 0,55%, frente al objetivo de referencia del 1% del PIB que tienen fijado para este año. Los Fondos de la Seguridad Social, en cambio, presentan superávit del 0.44%, una marca ya habitual en los últimos meses detrás de la cual están las transferencias recibidas del Estado, qu’ha comenzado a hacerse cargo de los llamados gastos impropios de este público subsector.

ingresos por impuestos

La Administración Central registró un déficit de 24.322 millones en noviembre, un 65,9% menos que en 2021. Este resultado fue posible gracias al avance de los ingresos, de un 23,7% hasta 237.652 millones, “debido, fundamental, al crecimiento de los impuestos en un 19,4%, 31.514 millones más”, detalla la nota publicada por la Invervención General de la Administración del Estado. Los ingresos tributarios alcanzaron máximos históricos en noviembre (239.789 millones de euros), cuando casi alcanzaron el import presupuestado para todo el ejercicio. Los ingredientes que están detrás del alza en la recaudación son el aguante del empleo, las salario subidas, en particular de los funcionarios y pensiones —que elevan los ingresos por IRPF y cotizaciones—, la inflación y los mejores resultados en el impuesto de sociedades.

Razón adicional que explica la mejora de los ingresos de la Administración Central en sus transferencias entre administraciones, en particular el efecto tiene a favor del Estado que ha tenido la liquidación definitiva de 2020 de los recursos del sistema de financiación de comunidades y ayuntamientos. El gasto del Estado, en cambio, aumenta un 0,7%, hasta 264.340 millones, pesa sobre los sucesivos paquetes de ayudas para paliar el impacto de la inflación. El informe señala que ha habito caídas en inversión, transferencias entre administraciones y de capital, ha habito un incremento en partidas como el gasto por intereses, subvenciones o servicios sociales en efectivo.

Las comunidades, por su parte, han registrado un déficit de 7.304 millones, frente al superávit de 8.263 millones acumulados en los primeros 11 meses de 2021 gracias a las generosas transferencias extraordinarias recibidas por el Estado para hacer frente a los coletazos de la covid. Estas Cayeron un 41.3%. El gasto, al contrario, sufrió un 7,5%, por las mencionadas liquidaciones del sistema de financiación de 2020. Asturias, Baleares, Canarias, Navarra, La Rioja y el País Vasco, sin embargo, se mantiene en territorio positivo.

Los Fondos de la Seguridad Social sí registraron superávit en ambos ejercicios: de 5.794 millones hasta noviembre de 2022, gracias un aumento de los ingresos superior al de los gastos, y de 1.162 millones en el mismo periodo de 2021. El Sistema de Seguridad Social acaparó el casi totalidad del superávit, 4.074 millones, frente a los 2.147 millones del año pasado. “Esta diferencia se debe, fundamentalmente, al incremento de las cotizaciones sociales en un 4,4%, 5.421 millones más, hasta 128.496 millones, ya las mayores transferencias recibidas del Estado, con un incremento del 0,9%”, señala el ministerio. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también experimentó, ante el déficit de 2021, en este caso por reducción el gasto vinculado a los ERTE y otras medidas covid.