El Gobierno y sus socios planetan desligar el IPC de los topes al precio del alquiler | Economía
Para regular los alquileres de una zona es necesario que esta se declare primero como tensionada. Para ello tienen que cumplir dos requisitos de forma simultánea, según el anteproyecto que está en las Cortes a la espera de enmiendas. Por un lado, la carga media del coste de la vivienda más los suministros básicos deben superar el 30% de los ingresos medios de la zona. Además, el precio de la vivienda en los cinco años previos a la declaración debe haber experimentado un porcentaje de crecimiento acumulado al menos cinco puntos porcentuales superior al porcentaje de crecimiento acumulado del IPC autonómico.
Este último punto es el más problemático de cara a la futura limitación de precios, ya que el IPC autonómico de Madrid, Cataluña, Baleares o Andalucía, todas ellas regiones con posibles zonas tensionadas, cerrará el año 2022 con un incremento anual medio superior al 8 % “En un contexto de fuerte inflación, que también se alargará durante 2023, corremos el riesgo de perder la oportunidad de limitar los alquileres”, explica fuentes de los socios habituales del Gobierno. «Sobre todo si los precios del alquiler, que ya están disparados, se estancan y dejan de crecer».
Es decir, si las rentas bajan o se mantienen planes y en la fórmula entran los nuevos datos de inflación de 2023 (que podría cerrar con una media del 4,8% según varios analistas), el diferencial de cinco puntos con el IPC autonómico podría resultado insuficiente . Por eso, añaden las mismas fuentes, el objetivo es reformular estas exigencias para suavizarlas.
Una posibilidad, apuntan, sería rebajar de cinco a dos puntos el porcentaje de crecimiento acumulado necesario para poder declarar una zona como tensionada. Otro, que para llevar a cabo un cambio la declaración baste con el cumplimiento de uno de los dos requisitos contemplados. Las fuentes consultadas, sin embargo, no descartan otras fórmulas alternativas.
Desde el Gobierno, por su parte, prefieren no avanzar detalles e insistir en que la fase de negociación está abierta, “por lo que hay que dejar trabajar a los implicados para que las conversaciones avancen y la ley se apruebe cuanto antes”.
Per hour, señalan desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya hay acuerdos para transaccionar más de 400 enmiendas de las más de 800 que se han presentado. Mientras, la ministra del ramo, Raquel Sánchez, confió en que la ley se desbloquea definitivamente a lo largo de las próximas semanas.
La declaración de una zona como tensionada, algo que durará tres años prorrogables anualmente, permitirá a la administración competente limitar los precios del alquiler de los grandes tenedores (más de 10 viviendas) con personalidad jurídica, pero también abrirá la puerta a otras posibilidades. Una de ellas es la congelación de las rentas, que afectará a los pequeños propietarios ya los grandes tenedores con personalidad física, siempre según el anteproyecto de ley.
La declaración como zona caliente, además, tendría en marcha una serie de bonificaciones tax destinadas a los caseros qu’abaraten la vivienda, la rehabiliten o la alquilen a menores de 35 años.
Grandes Tenedores
El Gobierno y sus socios habituales quieren aprobar la ley de vivienda antes para calentar la campaña electoral de cara a las elecciones regionales y nacionales que celebrarán en mayo ya final de año, respectivamente. Hay varios puntos principales sobre la mesa, como su definición de gran propietario, los desahucios sin alternativa habitacional y los límites al alquiler en las casas que entren por primera vez al mercado.
En lo relativo al gran tenedor, el Ejecutivo y sus socios negocian para rebajar el umbral de 10 viviendas en propiedad que hoy definen a esta figura. Según fuentes del Gobierno, el nuevo abanico podría oscilar entre las cinco casas en propiedad que propone Unidas Podemos y la decena que defiende el PSOE.
La formación morada también propone que los contratos de las nuevas viviendas que no estaban en el mercado estén sujetos al índice de referencia de los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado, una herramienta que entrará a funcionar en el plazo de hasta 18 meses desde que se apruebe la ley definitivamente. Los socios también presionan para prohibir los desahucios sin alternativa habitacional.
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