la Autoridad de Control de Molestias denuncia demasiadas violaciones del toque de queda

Más de cinco años después de que el Estado hiciera sonar el cristal del proyecto del aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique), la serena cohabitación entre la concesionaria de la plataforma Nantes Atlantique, las aerolíneas y la infraestructura de los habitantes locales, prometida por el gobierno, está todavía utópico.

El proyecto de remodelación del aeropuerto permanece paralizado, mientras que el tráfico aéreo se está recuperando nuevamente. En este contexto, al gobierno le hubiera ido bien sin una nueva molestia. En este caso, se trata de una carta de Gilles Leblanc, presidente de la Autoridad de Control de Molestias Aeroportuarias (Acnusa), entregada al prefecto de Loire-Atlantique, Fabrice Rigoulet-Roze, con copia enviada al director general de aviación civil y al jefe de asuntos legales en el ministerio para la transición ecológica.

En esta carta, que El mundo pudo consultar, el Sr. Leblanc cuestionó la efectividad del toque de queda destinado a desterrar los aviones de los cielos de la metrópoli de Nantes entre la medianoche y las 6 am. “Se realizaron más de 350 movimientos de aeronaves durante el toque de queda en los primeros nueve meses” que siguió a la promulgación de la medida por decreto ministerial, el 8 de abril de 2022, informa el señor Leblanc, quien precisa que estas violaciones resultaron en «225 demandas denunciadas por la administración de aviación civil».

Impugnación de sanciones

A pesar del trabajo educativo realizado para “Prevenir el riesgo de recurrencia”, persisten los derrapes, que se deben principalmente a las aerolíneas de bajo coste, apunta el presidente de Acnusa. La redacción del decreto ministerial relativo al toque de queda de Nantes-Atlantique está mal redactada, lamenta. El texto menciona que las empresas que experimenten un retraso en el vuelo por razones fuera de su control pueden despegar o aterrizar sus aeronaves durante el toque de queda. Resultado: muchas empresas » fuera de la ley « tratar de descartar en el «dificultades encontradas por los operadores de navegación aérea, y en particular el control del tráfico aéreo del país»señala el Sr. Leblanc.

Las aerolíneas que incumplen la medida desafían amenazas de multas (máximo 40.000 euros) y presentan casi sistemáticamente recursos para impugnar las sanciones. La aerolínea española de bajo coste Volotea, que tiene la palma de la mano por las infracciones en 2022, ha emprendido acciones legales «impugnar 123 de las 148 multas que le han sido notificadas», revela el Sr. Leblanc. Y ello, aunque la jurisprudencia actual establece que las compañías aéreas son responsables de la programación de sus vuelos, y por tanto de los retrasos sufridos, salvo en casos de fuerza mayor, como la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull en 2010.

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