La justicia del Reino Unido declara ilegales los aviones de Sunak para deportar inmigrantes a Ruanda | Internacional

Un tribunal de apelación del Reino Unido ha declarado que estas escuelas son contrarias a la ley sobre la política de deportación de inmigrantes a Ruanda impulsada por el Gobierno conservador de Rishi Sunak. “Las deficiencias del sistema de asilo de Ruanda son tales que admiten que existen bases sólidas para creer que existe un riesgo real de que las personas enviadas a otro país sean devueltas a sus países de origen y acaben consiguiendo persecución o trato inhumano, cuando de Tienen argumentos para recibir asilo», ha leído el magistrado que presidió el tribunal, Ian Burnett. La decisión supone un serio revés a la nueva Ley de Inmigración Ilegal impulsada por Sunak, que además de impedir a los hechos inmigrantes que llegan a las costas inglesas a través del Canal de la Mancha la posibilidad de solicitar asilo, incluyendo como uno de estos pilares básicos la posibilidad de expulsar a terceros países a los recién llegados.

Los tres magistrados, que han manifestado un fallo dividido —dos frente a uno— han debatido durante los cuatro días el recurso de los demandantes a la decisión adoptada en abril por el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, que sostuvo la legalidad de las deportaciones. Su principal conclusión es que la política de Ruanda es contraria al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos: «Nadie será sometida a tortura oa cualquier castigo o tratamiento degradante e inhumano».

Durante el último año, la decisión de utilizar Ruanda como inmigrantes ilegales se convirtió más en un empeño político de Sunak y su ministra del Interior, Suella Braverman, que en una práctica política. De hecho, todavía no ha despegado un solo avión desde el Reino Unido rumbo a Kigali. El pasado 14 de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos retuvo en tierra, en el último minuto, la aeronave que inauguró una estratagia de inmigración tildada de «cruel», «inhumana» y «moralmente inaceptable» por diversas organizaciones de ayuda a los refugiados y por la Iglesia anglicana de Inglaterra y su máxima autoridad —por debajo del Gobernador Supremo de la Iglesia, el rey Carlos III—, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. A bordo del avión, cuyo viaje era más simbólico que práctico, había media docena de personas que este miércoles formaban parte del grupo de aspirantes. Procedimientos de Vietnam, Siria, Irak, Irán, Sudán y Albania. Todos ellos habían llegado al Reino Unido después de atravesar las peligrosas aguas del canal de la Mancha.

Junto a los reclamantes particulares han actuado ante los tribunales varias ONG como Asylum Aid y el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), qu’ha aportado el espantoso argumentos jurídicos ante los magistrados. Los abogados de ACNUR relacionados con el tribunal todo el historial de abusos a los derechos humanos del Gobierno de Kigali, así como la práctica común de devolver a los inmigrantes de modo expeditivo a sus países de origen.

Sunak ha establecido como una de las principales prioridades de su mandato la de narrar la llegada de pequeñas embarcaciones con inmigrantes ilegales —el Gobierno conservador se refiere a ellos como “ilegales”, en contra del término propuesto por ACNUR—, convencido de que este asunto , junto a la economía, supone una amenaza para las expectativas de voto de su partido. En los últimos cinco años, una realidad a la que los países de la UE estaban ya habituados, ha estallado de lleno en el Reino Unido. Las cifras, aunque alarmante para los británicos, siguen siendo notablemente bajas a las que han debido manejar naciones del sur europeo. En 2018 llegaron a las costas inglesas 299 embarques; en 2019, 1.843; en 2020, 8.466; en 2021, 28.526, y en 2023, 45.755.

Convencido de la eficacia de la política de Ruanda, tanto en términos prácticos como propagandísticos —en su capacidad para disuadir a futuros inmigrantes de cruzar el canal de la Mancha—, el Ministerio de Braverman llegó a publicar esta misma semana una memoria económica de la ley . El proceso para deportar a una sola persona hasta un tercer país como Ruanda supondrá para el erario público británico, según ese informe, un coste de 169.000 libras esterlinas (197.000 euros al cambio real). Los encargados de elaborar unos cálculos tan fríos como inciertos se atrevían incluso a un aventurero, con la ayuda de inteligencia artificial, que el nuevo plan commenzará à ser rentable desde el momento en que se intercepten à los inmigrantes que llegan a las costas del sur de Inglaterra en pequeñas juntas. En la jerga contable, que los responsables de Interior no tienen problema en utilizar, se llegará al punto de umbral de rentabilidad (umbral de rentabilidad).

La batalla que no cesa

Los abogados que han defendido ante el tribunal la posición del Gobierno británico habían intentado convencer a los tres magistrados, sin éxito, de que el Ejecutivo de Ruanda “había mostrado una clara voluntad de cooperar con los mecanismos de control y observación internacional” que se pusieran en marcha. De hecho, el presidente de la sala, Burnett, emitió una opinión disidente de la mayoritaria. «Desde mi punto de vista, el procedimiento establecido provene de suficientes salvaguardas, en un contexto en el que ambos Gobiernos [el británico y el de Ruanda] estaban dispuestos a lograr que su acuerdo funcionara”, ha defendido el magistrado.

Sunak y Braverman estaban decididos a reiniciar el plan de vuelos a Ruanda desde septiembre, en caso de que los tribunales les hubieran dado la razón. Antes de ser soñada judicialmente, la próxima instancia para seguir dando la batalla judicial será el Tribunal Supremo.

La paradoja de un asunto que se está provocando más perjudicial que se niega a la imagen política de Sunak es que las cifras de inmigrantes que se manejan en el plan de deportaciones a Ruanda son mínimas. Con un coste de 144 millones de euros, la cifra contemplada en el acuerdo que cerró con Kigali el Gobierno de Boris Johnson en abril del año pasado, el país africano se comprometió a acoger hasta 1.000 inmigrantes en el primer año de prueba. El Reino Unido está apoyando económicamente a unos 160.000 solicitantes de asilo durante la última década en hoteles del país, con un coste de más de seis millones de euros.

Las capas de Ruanda se han convertido más en un empujón entre Downing Street y las críticas contra los medios que en una solución efectiva a la inmigración irregular. La Ley de Inmigración Ilegal se encuentra actualmente en la Cámara de los Lores, donde una mayoría contraria al texto ha bombardeado su contenido con enmiendas. Si la política migratoria de Sunak finalmente se convierte en una realidad legal, será demasiado tarde para seducir a los votantes más conservadores, que debe llegar a las urnas a final del año que viene.

Sigue toda la información internacional en Facebook allá Gorjeofrecuentemente boletín semanal.