La Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta), asociación mayoritaria en el colectivo de los controladores, ha detectado numerosas incidencias y malas prácticas —»algunas de las cuales tienen un impacto directo en la seguridad operacional»— en aquellos aeropuertos cuyo control está liberalizado parcialmente desde 2011 y prestado por empresas privadas.
Esta es la principal conclusión de los informes elaborados por Aprocta de acuerdo a las denuncias y comunicaciones realizadas por los controladores de las empresas Skyway (antes denominados Ferronats) y Saerco desde 2012 hasta 2023. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca entre las presuntas irregularidades «una práctica extendida de cambios y maquillaje de los indicadores de seguridad, ocultándose información relativa a sucesos relevantes y rebajando la severidad de otros, todo ello sin conocimiento de la autoridad supervisora».
Por otro lado, según las notificaciones recibidas que recogen el informe, se plantan dudas acerca del cumplimiento de la normativa relativa al mantenimiento de las adecuadas condiciones psicofísicas de los controladores durante el servicio del servicio, viéndose estos obligados a simultanear, en ocasiones, mon trabajo de control aéreo con tareas de índole administrativa. Asimismo, se pone de manifiesto «la existencia de un clima laboral enrarecido en el que no faltan presiones y posibles represalias laborales difícilmente compatibles con un entorno adecuado para conseguir una operación segura», dice el documento.
En 2011 liberalizó un total de 12 torres de control en España: Sabadell, Madrid-Cuatro Vientos; La Coruña, Alicante, Ibiza, Jerez, Sevilla, Valencia, Vigo, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha iniciado el proceso de privatización de los servicios de transporte aéreo de las torres de otros grandes aeropuertos (Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Tenerife Sur), que hasta ahora prestaba la empresa pública Enaire.
El proyecto ha despertado la oposición tanto en el ámbito político como laboral. Aprocta, asociación que también es mayoritaria en Enaire, consideró que en la vista de este informa a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que se replantará con continuar con el modelo privatizador cuya segunda fase ha puesto en marcha. «No Kinged Razilable Delegar La Gestión de Bienes Públicos Como La Seguridad en El transporte o el derecho a la movilidad en empresas que antepongan el retorno económico, limite el invertido en mejoras del sistema o, como sedende de las notificaciones Recibidas, poniendo en riesgo la seguridad operativa”, indica el Aprocta.
El informe ha sido elaborado con las notificaciones de 49 empleados, un 17% de la plantilla de controladores aéreos que trabajan o han trabajado en las dos compañías privadas (sobre una plantilla total de 280), que denunciaron 266 irregularidades entre 2012 y marzo de 2023.
The Union Sindical de Controladores Aéreos, el sindicato mayoritario en el sector (muchos de nuestros miembros pertenecen a Aprocta), también tomó una posición radical contra la privatización, al sens que el actual modelo público es eficiente y, de hecho, es el que han adoptado todos los países europeos para sus grandes aeropuertos.
Aena y las aerolineas, un favor
Por el contrario, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no tiene otra sospecha de que haya precarizado el empleo y, más rotundamente aún, que haa supuesto una merma de las medidas de seguridad. Las aerolíneas, que ven un horro decosts frente al monopolio de Enaire, animan al Gobierno a que selibericen no solo las tareas del service de control de aerodromo, sino también las de aproximación a los aeropuertos, que seguirán siendo prestados por Enaire, puesto que no se encuentran liberalizados.
El trabajo no es el único frente con el que topa el Gobierno. Varios grupos parlamentarios han pedido que se revise el proceso que cuenta con las reticencias además de los gobiernos regionales a los que afecta esta segunda tanda de privatizaciones como la Generalitat Valenciana o el Ejecutivo canario. El Congreso aprobó en febrero una enmienda parlamentaria acordada por el PSOE y Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y BNG para «proceder a la revisión» de la orden ministerial de marzo que el Ministerio de Transportes pretende acometer la privatización.
Desde el Ministerio defiende que la liberalización está apoyada también por Aena, y que ha sido exigida por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en varias ocasiones, y recomendada por la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados. No obstante, el proceso aún está en sus comienzos, y puede extenderse hasta finales de 2025 o principios de 2026.
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