
La Comisión Europea ha confirmado que el Plan de Recuperación y Resiliencia de España ha sido aprobado por Bruselas, incluido el compromiso de adoptar una ley sobre movilidad y financiación del transporte y de introducir un mecanismo de pago por el uso de carreteras sostenible a partir de 2024, aunque hace apenas tres días la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, lo desmintiese «categóricamente». Si hay un asunto importante: el Gobierno no negó que no se hubiera recogido en el plan, sino que afirmó que en el contexto de la guerra de Ucrania había pedido renegociar esta medida. Varias fuentes confirmaron a EL PAÍS que esta iniciativa estaba incluida a renegociar en la adenda que ahora mismo se discutió con la Comisión para añadir al plan 8.000 millones extra en ayudas y más de 80.000 millones en créditos. Estas fuentes también señalan que es muy difícil que Bruselas acepte no implantarlos.
«Entendiendo que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024 en línea con el principio de ‘quien contamina, paga'», ha confirmado en la calle tomando el portavoz económico de la Comisión , Veerle Nuyts.
La medida fue anunciada hace una semana por el director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, y démentida latermente por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que daba por “zanjada” la polémica surgió a su vez al posible pago de un peaje por el uso de las autovías en España y negaba «categóricamente» que se fuera a pagar.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha confirmado que la medida aparece en el plan que fue aprobado tanto por Bruselas como por los Estados y aparece ligado, en concreto, al desembolso del quinto tramo del plan, qu’asciende a más de 8.000 millones d euros
«Evaluaremos esta medida cuando alcancemos la quinta petición de pago de España, así que no es una discusión para hoy», ha apostillado el portavoz de la Comisión. Así lo recoge también el texto del plan al que Bruselas dio su visto bueno, donde se especifica que la medida tiene el objectivo de «internalizar los costos externos del transporte por carretera, creando tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector y propiciando una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
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