Sunak saca adelante su polémica ley migratoria tras rechazar todos los cambios propuestos por la Cámara de los Lores | Internacional

La Nueva Ley de Inmigración Ilegal de Rishi Sunak de Rishi Sunak ha sido convertida en la piedra de toque del primer ministro británico, y en un pulso permanente con organizaciones humanitarias, la Iglesia anglicana y la Cámara de los Lores que, de momento, va ganando el primero . Durante la madrugada de este martes, Downing Street precedió derrotar las últimas enmiendas al texto presentado por muchos lores —la mayoría independentes, sin adscripción partidista—. pretender acortar el tiempo de tención de los menores en situación irregular no acompañados de sus padres; reforzar la lucha contra la esclavitud moderna —que el nuevo texto debilita con sus medidas—; e incluso alargar en seis meses el plazo anterior a la deportación de los recién llegados al Reino Unido. El Gobierno de Sunak, que se ha convertido en banda electoral, la lucha contra la inmigración irregular, ha sido inflexible. La nueva ley es ya una realidad, aunque algunas de sus principales disposiciones tardarán en aplicarse.

Hasta que la justicia británica no confirme la ilegalidad del plan de deportación en Ruanda (en realidad, según la ley, un “tercer país seguro”), queda pendiente un último recurso ante el Tribunal Supremo. En el mayor de los casos para los objetivos de Downing Street, los vuelos no podrían comenzar al menos hasta finales de año.

«Mantenemos la confianza en que seremos capaces de vencer el desafío plantado ante el Tribunal Supremo», ha dicho el orador de Sunak, que describía a la vez la satisfacción del primer ministro británico por haber logrado sacar adelante la ley.

“El Gobierno ha escogido un camino que no refleja los valores y principios que defienden la mayoría de los ciudadanos. que implican compasión, respeto y humanidad hacia todos aquellos que, sin culpa alguna, se han convertido en refugiados, y que aspiran simplemente a la seguridad”, ha denunciado Aquellos en las páginas de El guardián el director ejecutivo de la organización Consejo de Refugiados del Reino UnidoEnver Salomón.

La nueva ley, acusada de «crueldad moral» por el arzobispo de Canterbury y jefe de la Iglesia anglicana, Justin Welby, eliminó la posibilidad de que aquellos que llegan al Reino Unido de manera irregular —mucho tras cruzar las peligrosas aguas del canal de la Mancha —puedan iniciar los trámites para obtener la condición legal de refugiado. El Gobierno se reservó el derecho a deportarlos de inmediato a su país de origen, donde un tercer país que se considera seguro. Durante el mandato de Boris Johnson se ha asegurado una suma de más de 150 millones de euros entre Londres y Kigali para envidiar a Ruanda como alcalde de los recién llegados irregulares. Aún no ha despegado ni un solo avión, pero el Ejecutivo de Sunak ha abrazado el acuerdo y está empeñado en que salga adelante.

«prisiones flotantes»

El Gobierno conservador británico no ha dejado de adoptar en el último año llamativas contra la inmigración irregular, con la intención de resaltar medidas ante su electorado la voluntad de atajar un problema que, según las encuestas, está erosionando el apoyo de sus votantes. La última fue el alquiler de al menos tres embarcaciones gigantes —”prisiones flotantes”, las han llamado las organizaciones criticas—, para alojar en ellas a los nuevos varones recién llegados. Unos 500 en cada una de las embarcaciones, para reducir el coste de más de más de seis millones de euros diarios que suponemos para retener a una milla de solicitantes de asilo en hoteles a lo largo de todo el país.

El bibby estocolmoel primero de esos grandes hoteles flotantes que ha sido contratado, ha llegado este mismo martes a la localidad costera de Dover, donde mejorado atracado.

El pasado año llegaron casi 46.000 personas a las Costas del Sur de Inglaterra, tras cruzar el Canal de la Mancha. Cinco años antes, las cifras anuales no llegaron al millar. Pesando que la dimensión de la crisis es todavía muy a la enfrentada por los países del sur de la UE, ha sido suficiente para convertir el asunto en uno de los mayores retos políticos de Sunak.

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