El gobierno de México está promoviendo una modificación que haría de la Clave Única de Registro de Población (CURP) un sistema obligatorio de identificación digital, incorporando información biométrica como huellas digitales y reconocimiento facial. Esta modificación se plantea como respuesta a la creciente crisis de desapariciones en la nación, pero ha suscitado grandes preocupaciones sobre sus efectos en los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la privacidad y la vigilancia masiva.
El plan busca cambiar la Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada para establecer la CURP biométrica como la única identificación oficial, reemplazando otros documentos como el pasaporte y la credencial de elector. Asimismo, la modificación contempla la creación de una base de datos central que almacenaría información biométrica de todas las personas, incluidos los menores. El uso de este sistema sería mandatorio para realizar cualquier gestión pública o privada, como la apertura de cuentas bancarias o el acceso a servicios del gobierno.
A pesar de que la reforma menciona que el consentimiento de los ciudadanos será necesario para la recolección de datos, muchos expertos argumentan que en la práctica, esta medida sería obligatoria, ya que la CURP biométrica sería necesaria para acceder a servicios básicos. Esto plantea un escenario donde las personas no tendrían una verdadera libertad de elección, ya que la negativa a registrarse significaría quedar excluido de los servicios esenciales.
Especialistas en derechos digitales y activistas han indicado que la iniciativa podría facilitar la supervisión a gran escala y el uso indebido por parte de las autoridades. En un escenario donde las agencias gubernamentales en México han demostrado ser históricamente propensas a la corrupción y a acuerdos con grupos delictivos, el peligro de que esta información biométrica sea utilizada incorrectamente para extorsión o represión política es significativo. Adicionalmente, existe preocupación de que la aplicación de este sistema impacte especialmente a colectivos vulnerables, como las personas trans o aquellos con huellas digitales dañadas, quienes podrían enfrentar dificultades para ser identificados adecuadamente por el sistema.
El plan ha sido cuestionado por utilizar el sufrimiento de las familias impactadas por las desapariciones para impulsar una política que, según los especialistas, no ataca las raíces del asunto. En vez de enfocarse en métodos más eficientes para evitar y solucionar los incidentes de desapariciones, la modificación podría servir como un mecanismo de vigilancia masiva de la ciudadanía bajo el pretexto de protegerla.
La implementación de tecnologías biométricas ha tenido resultados polémicos en otros países. Por ejemplo, en Venezuela, personas transgénero han tenido dificultades para acceder a productos básicos debido a que su apariencia no coincidía con sus registros biométricos. Casos similares han ocurrido en Chile, donde trabajadores con huellas dactilares desgastadas no pudieron ser identificados correctamente por el sistema. Estos ejemplos demuestran que los sistemas biométricos pueden fallar y, en lugar de proporcionar seguridad, pueden contribuir a la exclusión social.
El incremento de la digitalización de la información personal, promovido por la incorporación de tecnologías de monitoreo, genera un desafío significativo entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Algunos argumentan que es necesaria una reforma para incrementar la seguridad y prevenir actos delictivos, aunque hay quienes alertan que tales propuestas podrían impactar negativamente en la libertad individual y la privacidad de las personas a largo plazo. Por esta razón, es crucial que cualquier progreso tecnológico en este terreno sea acompañado de una reflexión detallada sobre los derechos fundamentales de la sociedad, para impedir que se transforme en un mecanismo de control en vez de una solución efectiva a los asuntos sociales.
