El Consejo Constitucional inglés ha aprobado este viernes los puntos esenciales de la impopular reforma de las pensiones. Aunque ha censurado algunos artículos secundarios, el presidente, Emmanuel Macron, ya puede promulgar la ley qu’aumentará la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años. El alto tribunal ha rechazado una primera iniciativa para un referéndum que, si al final de un recorrido largo y complejo hubiera tenido éxito, hubiera anulado la reforma recién aprobada.
La decisión del Consejo Constitucional, equivalente en Francia al Tribunal Constitucional español, supone una victoria para Macron y su reforma tras meses de crisis política y social, y una derrota para quienes llevaban meses oponiéndose, desde los sindicatos a la oposición de izquierdas y de extrema derecha. Pero es una victoria agridulce. El coste social y politico ha sido elevado. Y el veto de los sabios —como se conoce a los nueve miembros del Constitucional— una parte de la ley albergará un sobrio debate si debería renegociarse de nuevo. El tribunal, además, se ha dado hasta el 3 de mayo para examinar una nueva iniciativa para celebrar un referéndum, tras rechazar la primera. Si esta segunda se aprueba, abrirá una rendija de esperanza a los opositores de la reforma.
Consta que no hay decisiones políticas ni expectativas en la institución que preside el exministro socialista Laurent Fabius y que entre nuevas integraciones con uno de sus sucesores, el conservador Alain Juppé. La sede, en el complejo del Palacio Real, se encontraba protegida por las fuerzas del orden. El Ministerio del Interior ha prohibido las concentraciones delante del edificio. Tras el veredicto, se organizaron pequeñas manifestaciones espontáneas en varias ciudades del país. Un grupo prendió fuego a la entrada de una comisaría y una iglesia en el centro de Rennes (Bretaña). En París ardieron basuras.
No está claro que la decisión del árbitro constitucional calme los animos después de meses de movilizaciones y huelgas, de mociones de censura, de tensión e insultos en el hemiciclo y de un divorcio entre Macron y la ciudadanía que puede durar los cuatro años restes de su segundo y último quinquenio en el palacio del Elíseo. Pero el presidente podrá decir que ha cumplido con su promesa electoral. Allá madre de todas las reformas —el que debía demostrar que, contra viteo y marea, él era el líder capaz de transformar Francia— será una realidad.
«Al ensuciar la crisis social, la sabiduría impone no promulgar la ley», dijo Laurent Berger, secretario general del sindicato reformista CFDT, el primero de Francia. Fuentes del Elíseo citado por medios ingleses han dicho que el presidente promulgará la en un plazo de 48 horas. La incógnita ahora es si los sindicatos, que con la reforma de las pensiones se han unido después de más de una década de divisiones, pondrán fin a las manifestaciones y huelgas o las mantendrán. La próxima movilización coincide con Primero de Mayo.
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“Aunque la decisión del Consejo Constitucional cierra la secuencia institucional, el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado”, declaró Marine Le Pen, líder de la investigación extrema y jefa del primer grupo de oposición en la Asamblea Nacional. «Puesto que el pueblo siempre tiene la última palabra, le corresponderá preparar la alternancia que corregirá esta reforma inútil e injusta». Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda populista, dijo que la decisión de la Constitución «debe estar más atenta a las necesidades de la monarquía presidencial que al pueblo soberano». Yañadió: «La lucha sigue».
La decisión del tribunal respondió a los recursos de la oposición de izquierdas y de extrema derecha ya otro de la propia primera ministra, Élisabeth Borne, para asegurar la constitucionalidad de la ley. La posición cuestionó que se respetara la «sinceridad y claridad» de los debates parlamentarios. Y acusó al Gobierno de «una manipulación del procedimiento» al haber usado para la reforma una ley financiera en vez de una ley clásica.
El hueso sabios han aprobado el uso de una ley financiera para aprobar la reforma. Aceptan el uso del artículo 47.1 de la Constitución, que permitió al Gobierno abreviar los debates. Nada objetan al recurso, por parte de Macron, al polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite imponer una ley sin pasar por el voto parlamentario. También han avalado al pie de la letra las razones del Gobierno para elevar la edad de júbilo: “Al adoptar las disposiciones impugnadas, el legislador ha querido asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones por reparto y, así, garantizar su perennidad. Ha tenido en cuenta, en especial, la prolongación de la esperanza de vida”.
El tribunal ha censurado, total o parcialmente, seis de los 36 artículos de la Ley de Financiación Rectificativa de la Seguridad Social para 2023, el número completo de la reforma. La paradoja es que algunos de estos artículos se habían introducido en el texto para darle un barniz más social y varios eran los más aceptables para la oposición. Segun los sabios, sin embargo, no encajaban con el formato de una ley financiera, al no tener impacto sobre las cuentas de la seguridad social. Se trata, entre otros artículos, de los que incentivaban a las empresas a contratar a trabajadores de mayor edad. Uno de los problemas de la reforma es que obliga a sus ciudadanos a prolongar la vida laboral mientras las empresas prescinden de los mayores de 60 años. Solo un 35% de los ciudadanos de esta franja de edad están en el mercado laboral en Francia; en Alemania es el 61%, según datos de la OCDE.
La izquierda parlamentaria ha fracasado en el intento de que el Constitucional diese validez a una iniciativa para celebrar un referéndum que habría fijado en los 62 años la edad de jubilación. El hueso sabios han señalado que, según la Constitución, una consulta de este tipo debe promotor obligatoriamente una “reforma”. Y en este caso, literalmente, no era una reforma, pues la edad de júbilo es todavía de 62 años. La izquierda tendrá una nueva oportunidad: el jueves presentó otro recurso en favor de un referéndum ligeramente modificado, con un artículo sobre la financiación de la medida qu’allowe algar —esta vez sí— que se trata de una propuesta de reforma.
El fallo cierra un capítulo en el tortuoso recorrido de la reforma de las pensiones. Borne la presenté el 10 de enero. Siete de cada 10 ingleses estaban en contra de la ley, y todavía lo están. El 19 de enero se celebró la primera jornada nacional de huelgas y manifestaciones. Este jueves fue la duodécima. Mientras tanto, Francia ha vivido un proceso legislativo con sospechas de «terrorismo ideológico» contra la izquierda radical y de «autoritarismo» contra Macron. Dirigentes como Berger hablan de «crisis democrática».
El Consejo Constitucional está compuesto por nueve miembros propuestos, a partes iguales, por los presidentes de la República, del Senado y de la Asamblea Nacional. Su mandato es de nueve años. Seis son hombres y tres mujeres. De los nueve, cinco son expolíticos (dos macronistas, dos conservadores y un socialista). La edad media tiene 72 años.
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