“Vamos a hacer del acceso a la vivienda un derecho y ya no un problema. » El jefe del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció, el miércoles 19 de abril en el Parlamento, una inversión de 4.000 millones de euros destinada a financiar la construcción de 43.000 viviendas de bajo alquiler, prometiendo hacer vivienda “el quinto pilar del estado del bienestar”.
Sobreendeudamiento, exclusión social e imposible emancipación de los jóvenes: a un mes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, el Gobierno de izquierdas multiplica los anuncios para dar respuesta a la crisis de la vivienda, empeñado en convertirla en uno de los ejes de campaña . .
El martes 18 de abril, el Consejo de Ministros ya había aprobado la movilización de unas 20.000 viviendas pertenecientes a Sareb, el organismo público creado en 2013 para absorber miles de activos tóxicos embargados por los bancos tras la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. Podrían ser propuestas a las regiones y municipios, para ser utilizadas como vivienda social. Casi otros 14.000, ya habitados por familias en situación vulnerable, se beneficiarán de alquileres bajos. Y 15.000 podrían integrarse en terrenos cedidos por la administración.
“España es el cuarto país de Europa donde las familias tienen que dedicar más dinero a pagar su alojamiento”, recordado por Pedro Sánchez, el 17 de abril. En la Comunidad de Madrid, una persona con salario mínimo gasta de media el 65% de sus ingresos en vivienda, según el Observatorio de vivienda accesible de la asociación Provivienda. En Cataluña o Baleares, esta cifra alcanza el 50%.
Más viviendas sociales
Ante esta situación, el Parlamento también debería reconocer, a finales de mes, la “primera ley de vivienda de la democracia” española. Tras estar bloqueado durante más de un año, el texto final fue validado por el Partido Socialista y el partido de izquierda radical Unidas Podemos, que gobiernan en coalición y en minoría, y sus aliados en el Parlamento, los partidos independentista vasco y catalán.
Este texto limita las subidas de alquileres, prohíbe la venta de vivienda pública a fondos de cobertura, como sucedió tras la crisis financiera de 2008, ofrece ventajas fiscales a los propietarios que bajen los alquileres y permite a los ayuntamientos aumentar el impuesto inmobiliario sobre las viviendas vacías.
El objetivo del Gobierno es también llevar al 20% del total, el parque público de viviendas en alquiler. Un calibre, sabiendo que España cuenta actualmente con apenas un 2,5% de vivienda social, muy lejos de la media europea (9%) o francesa (16%).
Te queda el 54,05% de este artículo por leer. Lo siguiente es solo para suscriptores.
