Miles of Georgians se congregaron este miércoles por segundo día consecutivo frente al Parlamento en repulsa de una represiva reforma legal que complica las pretensiones de su país para entrar en la Unión Europea. El martes, los diputados aprobaron en primera instancia —con 76 votos a favor y 13 en contra— el llamado “proyecto de ley sobre agentes extranjeros”. La norma, inspirada en la legislación rusa, contempla la creación de una lista negra que incluirá a todos los medios, ONG y activistas que reciban de fuera del país al menos el 20% de sus fondos.
La primera protesta, la del martes por la noche, fue disuelta con cañones de agua y resultaron detenidas 66 personas. Entre los decretos figuraba el líder del partido opositor Girchi, Zurab Japaridze. «La comunidad internacional condenará a las autoridades georgianas por dispersar una manifestación pacífica», advirtió el jefe de otro partido opositor, Giorgui Vashadze, líder de Estrategia Aghmashenebeli. Según la versión del Ministerio del Interior, más de 50 policías resultaron heridos y emplearon la fuerza contra los manifestantes «por cometer vandalismo y desobedecer a las fuerzas de seguridad».
Una vez etiquetados como agentes extranjeros por el Ministerio de Justicia de Georgia, los afectados deberán cumplir una serie de requisiciones muy severas bajo la amenaza de recibir multas o, incluso, penas de hasta cinco años de cárcel. En Rusia, la libre interpretación de esta ley, aprobada en 2012, justificó la supresión de organizaciones reputadas que velaban por la memoria histórica y que defendían los derechos humanos, como Memorial, clausurada en diciembre de 2021.
A pesar de su primera aprobación, la tramitación del proyecto de ley aún puede ser frenada. El borrador ha sido remitido a la Comisión de Venecia tras su aprobación este miércoles, y las conclusiones del órgano consultivo del Consejo de Europa pueden ser demoledoras. «Ob tendremos su conclusión en unos meses, y el Parlamento continuará con su débat después», ha recalcado el diputado Irakli Kobajidze, miembro del partido gobernante, el prorruso Sueño Georgiano.
La presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili, con escaso poder ejecutivo, ha apoyado a los opositores a la ley: “Estoy con vosotros porque representáis hoy a la Georgia libre que ve su futuro en Europa y no quiere que nadie le robe ese futuro”, manifestó la jefa de Estado a través de un video tomado frente a la Estatua de la Libertad de Nueva York, donde se encuentra de viaje oficial. Sin embargo, para el primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili, esta nueva medida “cumple los estándares europeos”.
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La nueva ley ha recibido numerosas críticas tanto de organizaciones no gubernamentales como de la Unión Europea. “Es incompatible con las leyes internacionales de derechos humanos y con los estándares que protegen las libertades de expresión y de asociación”, manifiesta el director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, un palmo de la ONU comunicado. “La ley de agentes extranjeros marginalará y desacreditará a las organizaciones y medios independientes que, teniendo financiación foránea, sirven para ampliar el interés público en Georgia (…) y el imperio de la ley”, agregaba el activista.
«El manual autoritario de Rusia»
El Instituto de la Prensa Internacional también condenó la iniciativa. “Estamos alarmados porque los legisladores georgianos están considerando tomar el manual autoritario ruso con la denominada ley de agentes extranjeros. Este tipo de legislación no tiene lugar en un país que aspira a unirse a la Unión Europea y suscribir los principios democráticos de gobernabilidad”, recordó el subdirector del instituto de medios, Scott Griffen, a través de otro comunicado.
Para la prensa libre georgiana, «no hay otro motivo racional detrás de esta ley que suprima la sociedad civil y la prensa independiente», según afirmó por su parte Mariam Gogosashvili, directora de la asociación Carta de la ética periodística de Georgia.
El país, que solicitó formalmente su ingreso en la Unión Europea hace un año, el 3 de marzo de 2022, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, ha recibido también un toque de Bruselas. Para el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, la ley de agentes extranjeros incumple los estándares democráticos que exigen a sus miembros. «Es un desarrollo muy malo para Georgia y su gente», ha anunciado Borrell a Tbilisi.
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