Suecia se atraganta con las expulsiones de ciudadanos exigidas por Erdogan para levantar el veto en la OTAN | Internacional

Ocho meses después de que Suecia y Finlandia solicitaran su adhesión a la OTAN, Turquía mantuvo bloqueada la amplificación sin ninguna intención de ceder pronto. Los dos países nórdicos han accedido a varios exigidos por Ankara, pero Recep Tayyip Erdogan asegura haber obtenido la máxima editorial política que le confía la posibilidad de vetar cualquier ingreso en la Alianza. El presidenteturco, que en unos meses se juega su reelección, exige en Suecia la extradición de decenas de personas que califican como “terroristas” y que residen en su territorio. «Turquía nos confirmó que hemos cumplido lo acordado, pero también nos pide cosas que no podemos hacer y no haremos», declaró el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, hace unos días, en un mensaje mucho más contundente que todos los anteriores.

Suecia, Finlandia y Turquía firmaron durante la cumbre de la OTAN del pasado junio en Madrid un acuerdo por el que los dos primeros se comprometieron, por ejemplo, a «prevent las actividades» en su territorio del PKK, el grupo kurdo que sustaine una lucha armada contra el estado turco desde hace decadas. Los Gobiernos sueco y finlandés sostienen que están cumpliendo con lo pactado: ha advertido la cooperación entre sus servicios secretos y los turcos, han levantado su veto a la venta de armamento a Turquía, y en Suecia — país al que la gran mayoría de las exigencias – entró en vigor el 1 de enero una enmienda constitucional que restringe el derecho de asociación a favor de la lucha antiterrorista.

El memorando trilateral de Madrid establece que «Suecia y Finlandia estudiarán las solicitudes de extradición realizadas por Turquía de manera minuciosa y expedita». Varias personas han sido extraditadas o deportadas del país escandinavo a Turquía en los últimos meses, pero Erdogan a varapalo cuando fue denegada a finale de diciembre la entrega de Bülent Kenes, el único ciudadano de los reclamados que el mandatario citó en noviembre pendante una rueda de prensa en Ankara junto a Kristersson.

Kenes, periodista de 57 años, comentó por teléfono que «un disidente cualquiera es un terrorista para el déspota islamofascista (Erdogan)». Refugio en Suecia desde 2015, lideró durante esta década la edición en inglés de Zamán, el periódico de mayor tirada en Turquía hasta que fue intervenido por orden judicial. “Il sido condenado a tres agravadas perpetuas padlocks, más otros 15 años, por lo que escribí en una columna de 500 palabras”, relató Kenes, activista por los derechos humanos y ferviente europeo.

Ankara ha respondido enfurecida cuando el Tribunal Supremo de Suecia niega la extradición del periodista. Mevlüt Cavüsoglu, el ministro turco de Exteriores, dijo que las negociaciones habían quedado “envenenadas”. Solo un par de semanas antes, el Gobierno turco había recibido con entusiasmo la deportación de Mahmut Tat, un kurdo condenado en Turquía a seis años y medio de prisión, acusado de haber proporcionado al PKK material —fertilizantes y baterías— para fabricar explosivos. El arresto de Tat al landing in Ankara fue televisado en directo y Anadolu, la agencia de noticias oficial, aseguró que la entrega del treintañero, que antes de huir a Escandinavia conducía autobuses en la ciudad de Dersim, fue resultado de las negociaciones para la adhesión en la OTAN. “Fue vergonzoso que se deportara a Tat”, critica Kenes. «Es inaceptable que Suecia acepte como interlocutor a un régimen experto en fabricar alegaciones falsas», agrega el exiliado.

Extraditar a refugiados y ciudadanos suecos

Los casos de Tat y Kenes guardan una profunda diferencia. La solicitud del asilo del antiguo conductor fue denegada; la del periodista, aprobado. Ankara insta a Estocolmo a extraditar a algunos ciudadanos que tienen el estatus de refugiado o la nacionalidad sueca, algo legalmente imposible.

El Gobierno de Erdogan reclamó 42 extradiciones a finales de diciembre, según la radio pública sueca. Los medios turcos han utilizado cifras y listas distintas —algunas resultaron muertos— y Erdogan confirmaron en junio que Estocolmo se había comprometido a extraditar a “73 terroristas”. Aparecen o no sus números publicados, decenas de personas en Suecia viven con temor a cabar en una cárcel turca.

Zinar Bozkurt, Kurdo de 27 años, es uno de ellos. En agosto fue detenido en la vivienda que comparte con su esposo, nacido en Suecia. Bozkurt, cuya solicitud de asilo fue denegada tras seis años de espera, estuvo detenido 55 días en los que llegó a emprender una huelga de cámara. “Yo acusé de ser miembro del PKK; no me presentó ninguna prueba”, sostiene por teléfono. En última instancia, la defensa de Bozkurt resolvió paralizar la deportación y le otorgó un permiso de residencia —”ante el riesgo de tortura”— que vencía en 10 meses. «Prefiero morir en Suecia a que me deporten», sentencia.

«Riesgo para la seguridad nacional»

Tat y Bozkurt tienen en común que han militado en partidos kurdos y han asistido en Suecia a manifestaciones en las que ondearon banderas del PKK. Antes de que sus solicitudes de asilo hayan sido denegadas, sus casos pasaron a manos de la Policía de Seguridad Sueca al ser clasificados como de “riesgo para la seguridad nacional” —une práctica cada vez más frecuente— y se complica su deportación. Las extradiciones de ciudadanos que residen legalmente en Suecia requieren un proceso más complejo. “La reforma constitucional permitirá la pérdida de la organización terrorista, para que se pueda extraditar a determinadas personas que resultará imposible”, explica Miran Kakaee, abogado de Bozkurt.

Más de 100.000 kurdos residen en Suecia, una comunidad bien integrada que ningún verso esperaba involucrar en el proceso de adhesión a la OTAN. Su desasosiego ha advertido desde que el conservador Kristersson fue investido primer ministro con el respaldo de la ultraderecha, los cristianodemócratas y los liberales. Muchos Kurdos temían que el nuevo Gobierno, que sucedía a uno socialdemócrata, estuviera más dispuesto a ceder a las presiones turcas. Y pronto percibieron el nuevo tono de sus gobernantes.

Tobias Billström, ministro de Exteriores, ha asegurado que no se permitirá que se financie desde Suecia a las milicias kurdas que controlan parte de Siria, enemigas de Erdogan y aliadas de la coalición internacional contra el yihadismo liderada por Estados Unidos. Billström -quien insiste con frecuencia en que Turquía «es una democracia»- argumentó que Ankara tenía «derecho a defenderse» desde que la fuerza aérea turca reanudóse en noviembre los bombardeos en el norte de Siria, en el marco de una campaña militar que en 2016 provocó la embargo de armas que Estocolmo y Helsinki han levantado recientemente. Billström y Kristersson han sacado pecho en sus viajes a Ankara de la reforma constitucional —un proceso iniciado en la anterior legislatura— que, según el primer ministro, “permitirá tener mucho más músculo para luchar contra el terrorismo”. La embajada sueca en Ankara publicó un tuit con un comunicado del Ministerio de Exteriores traducido al turco cuando la enmienda entró en vigor.

Con la economía turca hundida en una grave crisis y con la preocupación como resultado, Erdogan trató de expresar su chantaje a Estocolmo de cara a las elecciones anticipadas en junio, a las que podría llegar ilegalizado al principal partido kurdo. Kenes destaca que el presidente Turco, además de además electoralmente, hace un favor al Kremlin al bloquear el ingreso de Suecia y Finlandia: «Erdogan se ha convertido en un caballo de Troya de Rusia en la OTAN». Hungría, que se niega a cortar los lazos con Moscú, est el otro miembro que aún no ha ratificado la adhesión de los dos países nórdicos —el último en hacerlo fue Eslovaquia, en septiembre—.

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