Un juez de Túnez ha ordenado este jueves prisión preventiva para el líder opositor de l’partido islamista Ennahda, Rashid Ganuchi, tras un interrogatorio de nueve horas, por supuesta conspiración contra la seguridad interna del Estado, según ha confirmado la formación política. Ganuchi, de 81 años, expresidente del Parlamento, fue detenido el pasado lunes, en una operación contra críticos del jefe del Estado, Kais Said, que provocó las críticas de Estados Unidos y la Unión Europea. «Los arrestos por parte del Gobierno tunecino de opositores y critiques políticos están sobre todo en contradicción con los principios adoptados para los tunecinos en una Constitución que garantizan explícitamente la libertad de opinión, pensamiento y expresión», ha dicho este miércoles el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel.
El conocido opositor fue detenido en la noche del lunes en su domicilio por orden de la Fiscalía por declarar que «Túnez sin Ennahda, sin islam político, sin izquierda o sin otra forma de oposición, es un proyecto de guerra civil», expresión que fue considerado como “incitación”. El viceportavoz de la oficina estadounidense calificó como «escalada preocupante» la decisión del Ministerio del Interior tunecino de prohibir las reuniones de Ennahda y clausurar las sedes de la oposición en el país, que siguieral al arresto de Ganuchi.
La Unión Europea también expresó el pasado martes su “preocupación” por los acontecimientos e insistió en la necesidad de que las autoridades de Túnez respeten el pluralismo político. Ayer, el Ministerio de Exteriores de Túnez respondió denunciando una «injerencia inaceptable» en los asuntos internos del país y aseguró que la justicia «no cederá a la presión» de sus socios tras las críticas.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) condenó «el abuso de los decretos de emergencia para reprimir a la oposición política», lo que «devuelve a Túnez a su pasado reciente de autoritarismo desenfrenado». “Las autoridades están intensificando su represión contra todas las formas de disidencia legítima a través de arrestos arbitrarios y procesamientos cada vez más politizados”, denunció el director de la CIJ, Said Benarbia.
Desde el pasado mes de febrero y tras el boicot del electorado a las elecciones legislativas, las detenciones han advertido y una veintena de destacados jueces, políticos, periodistas y empresarios, de todo el espectro político, se encuentran en prisión provisional, por un supuesto delito de «conspiración contra la seguridad del Estado».
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