¿Qué pasaría si el Estado se metiera la mano en el bolsillo para mejorar el destino a menudo poco envidiable de los jóvenes que abandonan la protección infantil? en un informe que El mundo pudo consultar en adelanto, al Consejo Orientador de Políticas de Juventud (COJ) y al Consejo Nacional de Protección a la Infancia (CNPE) formulando la hipótesis de una corresponsabilidad del Estado y los departamentos por estos jóvenes con caminos accidentados: por un lado, una prestación, otorgada por el Estado, de una cuantía al menos equivalente a la del contrato de trabajo joven (alrededor de 500 euros), por otro, unos departamentos de apoyo obligatorios, hasta el éxito de la integración.
La recomendación audaz es una de las cuarenta y ocho medidas enumeradas por los dos consejos para responder a la fuerte evidencia actual de apoyo. Según las últimas cifras disponibles, unos 35.000 jóvenes (de 345.637 menores y adultos jóvenes monitoreados para la protección de la infancia) se beneficiaron en 2021 de un “contrato adulto joven”. Estos últimos pueden adoptar diversas formas (ayudas económicas, vivienda, financiación de la formación, etc.). Este apoyo, que se ha incrementado a lo largo de los años, ahora es responsabilidad de los departamentos, ya que la protección infantil está descentralizada.
Se ha propuesto una medida alternativa, y más económica, llevada a cabo por el COJ, un órgano consultivo adscrito a Matignon: se trataría de crear una renta mínima para los menores de 25 años, incluidos los jóvenes en asistencia social en la infancia. (ASE) podría beneficiarse de ello. Pero, «ante la falta de voluntad política sobre esta propuestaexplica Antoine Dulin, vicepresidente del COJ, nos parece más que urgente trabajar en un derecho específico que combine una garantía de recursos y un acompañamiento que no cesa a los pocos meses oa los 21 años..
«Hazte a un lado»
El asunto de este «Hazte a un lado»explica esta incansable defensora de los jóvenes de ASE, es «romper con salidas secas» a la edad de 18 años y “crear un derecho exigible de apoyo a los departamentos, con derecho de devolución en caso de salida del sistema”. Aprovechando que el coste de tal medida -prevé unos cien millones de euros anuales-, tal cambio supondría un importante retorno del Estado en esta política pública.
¿Cuántos adultos jóvenes dejan la protección infantil cada año? Imposible saber con precisión, en ausencia de estadísticas públicas confiables y recientes. Evaluar su número es una de las recomendaciones.
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